"Fue así como a Garzón el ánima, al alba de un viernes 13, deshízosele del cuero", canta Edson Velandia en su canción 'La muerte de Jaime Garzon', en la que narra los últimos momentos de vida del periodista, cuyo crimen cumplió 21 años. Sin embargo, dos décadas después, en términos de libertad de prensa y censura contra comunicadores, Colombia se ha detenido en el tiempo.
Los ejemplos, desafortunadamente, sobran. El pasado 13 de agosto el comunicador indígena Abelardo Lis falleció por impactos de bala mientras cubría la situación de orden público que se presenta en el municipio de Corinto, al norte del Cauca. El primero de abril de 2020, Daniel Coronell hizo público el mensaje de WhatsApp con el que la gerente general de la Revista Semana, Sandra Suárez, le comunicaba que ya no sería columnista del medio, tras más de 15 años trabajando con ellos.
El año pasado, durante los cerca de 40 días que duraron las manifestaciones en contra medidas gubernamentales como las reformas laborales y pensionales, la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, registró que 66 periodistas fueron agredidos.
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Esta organización reveló en 2018 que un total de 160 periodistas han sido asesinados en el país por motivo de su labor, sin contar los casos de Libardo Montenegro y Mauricio Lezama, comunicadores asesinados en 2019.
Aunque la violencia directa es la manera más radical de silenciar la labor de la prensa, Raissa Carrillo, Coordinadora de Defensa y Atención a Periodistas de la Flip, advierte que está lejos de ser la única, pues “las agresiones contra la libertad de prensa tienen gran variedad de metodologías, de instancias”.
Una primera y poco llamativa es la simple restricción al acceso a la información pública. En este caso los periodistas no reciben la información que solicitan o la reciben incompleta. “Ahora, en época de Covid, se añade un elemento para restringir el acceso a la información o para que los periodistas accedan de manera tardía. Con el Decreto 491 de 2020, sacado en el marco de la excepción, se ampliaron los términos de respuesta del derecho de petición y esto lo que hace es legitimar que haya respuestas más tardías”, explica.
A este método se le suma la estigmatización que sufren periodistas al hacer denuncias de interés público. “Sobre el tema de contratación pública en relación a coronavirus, hemos encontrado muchos casos en los que claramente esto genera molestia y hay gobernadores y alcaldes que salen a decir cosas que se toman como estigmatizaciones”.
Para Carrillo, estas acciones tienen consecuencias directas en la labor periodística, pues generan un ambiente perfecto para la autocensura, lo cual es grave siempre, pero mucho más ahora, pues la información sobre el virus en las regiones, puede ayudar a proteger la salud de los ciudadanos. “Hay que saber cuál es el nivel de contagio local. Según eso uno adopta medidas para proteger su vida y su comunidad”.
Aunque en el país avanza un proceso de paz, las amenazas contra periodistas han aumentado desde la firma del Acuerdo de Paz con las FARC. Según datos de la Flip, entre 2014 y 2016, 257 periodistas fueron amenazados; muchos menos que los 593 que recibieron amenazas entre 2017 y 2019.
De la estigmatización al acoso
‘Dejad que los niños vengan a mí’ es el nombre del libro que reúne la investigación del periodista Juan Pablo Barrientos sobre casos de acoso y abuso sexual a menores por parte de miembros de la Iglesia Católica. Miembros de la institución adelantaron acciones legales que resultaron en la suspención de la venta y reproducción del libro.
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Usar el sistema judicial para torpedear el trabajo periodístico es lo que, desde la Flip, han denominado "acoso judicial". "Es cuando un funcionario público o con un nivel de exposición muy grande ante la opinión, utiliza medios legales como tutela, denuncia penal con el interés de callar a la prensa. Puede que la acción sea legitima, pero la finalidad es callar a la prensa, no proteger los derechos de alguien a quien le vulneraron el derecho al buen nombre y la honra", explica Carrillo.
Esta forma de presionar a los periodistas ocurre en diversas formas, según investiga la Flip, aunque aún deben revisar cuáles y cómo se dan estos patrones de acoso. Sin embargo, han descubierto algunas, por ejemplo, relacionadas con el mundo digital. "Muchas veces se anuncia el acoso judicial y eso genera una amplificación del problema para el periodista. Algunas veces puede terminar en amenazas on y offline".
Desde la Fundación, llaman la atención sobre el proyecto de ley por el "Derecho fundamental a la honra", que presentó el senador del Centro Democrático Santiago Valencia. El proyecto de ley planea agilizar los procesos judiciales que amparan los derechos a la honra y al buen nombre, pero le agrega un componente patrimonial a las acciones judiciales para garantizar estos derechos.
"Si te das cuenta, aunque dice que va a arreglar un derecho fundamental, la orientación es un tema patrimonial. Lo que se busca es generar la presunción a toda costa de que se debe reparar. Ahí es donde viene ese elemento característico del acoso judicial", afirma Carrillo.
Aunque el proyecto de ley deberá pasar por ocho debates y es muy similar a un proyecto de ley español de 1982, para Carrillo, las consecuencias podrían ser muchas, "pero la más obvia es que al periodista le toca enfrentar un proceso judicial y, entonces, ¿tiene los recursos para atender el proceso?", pregunta.
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