Aunque parezca increíble, en los más de 200 años que tiene Colombia como república, nunca se había hecho un censo que tuviera en cuenta a la población campesina. Por eso, los resultados publicados el pasado 24 de marzo por el DANE, sobre la Encuesta de Cultura Política, son el primer esfuerzo de categorización que tiene el Gobierno Nacional para entender quién es, cómo vive y cómo participa políticamente el campesinado del país.
Esta encuesta es el resultado de un proceso que varias organizaciones campesinas han adelantado desde hace más de una década, pero cuyo resultado hasta ahora se ve, aún cuando el país hizo un Censo Nacional Agropecuario en 2016 y un Censo Nacional de Población en 2018. Como este enfoque no se tuvo en cuenta para estas mediciones, las organizaciones campesinas se acercaron a Dejusticia, centro de investigación en derecho, para recibir su acompañamiento desde 2017 y lograr, así, esta primera encuesta.
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“En ese momento nos buscan con una inquietud. Dicen: nosotros no somo "el resto" ni somos una población étnicamente diferenciada, pero sí queremos que se nos identifique como campesinos para saber cuál es nuestra situación y, en esa medida, para que el Estado pueda responder con políticas públicas a nuestro favor”, explica Ana Jimena Bautista, investigadora en temas de tierras y derechos del campesinado de Dejusticia.
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Así, Dejusticia decide acompañar el proceso mediante una tutela que argumenta, por un lado, que el campesinado tiene derecho al reconocimiento de su identidad campesina y también a una igualdad material. Por otro lado, aducen que “la Corte Constitucional, en distintas oportunidades, ha manifestado que el sujeto campesino es de especial protección constitucional y que este sujeto tiene un déficit de reconocimiento y uno redistributivo”, afirma Bautista.
En su momento, la idea era que este enfoque de medición se incluyera en el Censo Nacional de 2018, pero no se logró porque “cuando esta tutela llega a segunda instancia en la Corte Suprema de Justicia en enero de 2018, la primera parte del censo, que fue virutal, se estaba aplicando. Entonces pedir que se parara para incluir las preguntas era costosísimo”, recuerda Bautista. Sin embargo, esta corte le pide a las entidades del gobierno encargadas (como el DANE, la Fiscalía, el Ministerio de Agricultura y del Interior) que continúen con el proceso de caracterización mediante instrumentos formales de medición.
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“Con esa sentencia de la CSJ, armamos una mesa en donde están las organizaciones campesinas accionantes, varias entidades del Estado y académicos y académicas que fueron nombrados por ambas partes". De esa mesa, se desprenden las preguntas que se harían en la encuesta.
Pasito a pasito
Con este antecedente es que se logran los primeros resultados de la encuesta, que puedes consultar acá, y que arroja datos muy llamativos, como que de las 34.056 personas encuestadas, el 31.8% se identifica como campesina. En el caso del Cauca, esta cifra es del 48,7%. Sin embargo, de estos porcentajes, solo el 32% cree que en el país se garantizan los derechos al campesinado.
Estos son apenas los primeros datos que tiene el Gobierno Nacional para generar políticas públicas que, de paso, aumenten esa percepción de cumplimiento de derechos. Pero ¿por qué el país solo hasta ahora le pone el ojo a esta situación y una identificación del campesinado?
Para la investigadora Bautista, hay varios factores que pueden explicar la demora de este reconocimiento. “Yo creo que aquí hay una disputa muy importante de lo que significa este sujeto en términos políticos. A mi juicio no es solo que el Estado atienda a una población que puede estar en una situación de vulnerabilidad, sino también el reconocimiento a una población que tiene una identidad propia, que está reclamando derechos territoriales, que está reclamando una participación reforzada”, afirma.
Otra razón, que evidencia la investigación doctoral de la profesora Maite Yie de la Universidad Javeriana, es la lectura que el Estado Colombiano ha hecho de sus campesinos. “Lo que explica en sus tesis es que el campesinado ha sido leído siempre desde algo que hay que transformar, el campesinado visto como atrasado, como no moderno, como alguien al que hay que volverlo empresario”, reflexiona.
Además, el campesinado ha sido uno de los sujetos más afectados por el conflicto armado interno del país. En el informe 'Una Nación Desplazada' del Cento Nacional de Memoria Histórica se afirma que "el desplazamiento forzado ha afectado de manera desproporcionada a la población rural y particularmente al campesinado, a los pueblos indígenas y a las comunidades afrodescendientes (…) Con la salida del campo que supone un abandono a las prácticas tradicionales y ancestrales sobre la tierra, también emergen escenarios donde el dolor de dejar todo atrás se combina con el desconcierto y la falta de atención institucional".
A esto también se suma un atraso en la jurisprudencia internacional frente a los derechos del campesinado. Mientras que las comunidades étnicas y pueblos tribales lograron en 1989 un reconocimiento de sus derechos del territorio y a las consultas previas mediante el Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo, los derechos de las comunidades campesinas apenas fueron reconocidos internacionalmente en 2018, mediante la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales de la ONU.
¿Quién es campesino?
Si bien la encuesta tiene un factor subjetivo y de autoreconocimiento importante, también se consideró una dimensión objetiva que busca evitar que algunas personas involucradas con el campo se cuelen pues, como explica Bautista “puedes tener a alguien que se reconozca como campesino, pero puede ser que esta persona no trabaja directamente la tierra y tiene varias propiedades en la ruralidad. Hay una cantidad de factores objetivos que le podrían dar a uno a decir: qué pena pero este señor, así se reconozca como campesino, pues no es campesino”, concluye.
Uno de estos factores para procurar una objetividad en la medición del campesinado es vivir en una comunidad campesina, pero también una dimensión político-organizativa, que se incluyen en esta encuesta. Pero aún faltan componentes de calidad de vida y de seguridad. Para obtener estos datos, ya se están adelantando nuevos censos con estos enfoques que deberían estar listos durante el primer semestre de 2020.
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Por esto, Bautista aclara que esta primera encuesta es apenas un primer acercamiento. “Creo que el Estado lo que tiene ahorita van a ser un montón de microdatos sobre cuál es la situación de la población campesina. Claro, pueden ser perfectibles, este es un primer ejercicio. Necesita ser confrontado con otros datos, pero sin duda es un paso en ese reconocimiento del sujeto campesino. No solo como un sujeto productivo, sino con una identidad propia”.
Si bien el Gobierno ahora se encuentra en una etapa de caracterización, una preocupación ronda a las organizaciones campesinas que acordaron llevar 12 puntos de negociación al Plan de Desarrollo tras la minga de 2018. De acuerdo con Bautista, estas peticiones quedaron consignadas en el artículo 253 del Plan, pero con una ligera modificación. "Dentro de ese cambio ligero, era más fuerte la relación de la participación de las organizaciones campesinas en la formulación de esa política pública". Sin embargo, las organizaciones accionantes reclaman que se definió un papel activo durante todo el proceso de formulación que, ahora, no se está teniendo en cuenta. "Desde Dejusticia respaldamos esa visión de esa construcción participativa de esa política pública. Y que, justamente por la deuda que existe frente al campesinado, esa política debería ser lo suficientemente ambiciosa para pensar en realmente hacerle mella en algo a ese déficit de protección", declara Bautista.