La migración del campo a la ciudad es un fenómeno que ha afectado a Colombia desde hace ya varias décadas. Según el DANE, para el año 2000 el 50% de la población que emigraba decidía hacerlo hacia las capitales regionales. La población rural ha migrado a las ciudades por motivos que van desde búsqueda de empleo, estudios, la ilusión de una vida mejor a la vida campesina o por motivos políticos relacionados con el desplazamiento forzado. A esto se suma que alrededor de 4 millones de colombianos han decidido irse del país, y 400.000 de estos están en condición de refugio, es decir que han tenido que huír a causa de persecución política o violencia.
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El desplazamiento forzado ha sido una de las consecuencias más graves del conflicto armado colombiano.
De acuerdo con estimaciones de organizaciones como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamientos, CODHES, 5.921.924 personas han debido desplazarse a otros municipios o ciudades para proteger su integridad y la de sus familias. Esta situación ubica a Colombia como el segundo país a nivel mundial con mayor número de desplazados internos, superado solo por Siria.
El gobierno colombiano estableció en el Artículo 1° de la ley 387 de 1997 la condición de desplazado: “Es desplazada toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas”.
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El Registro Único de Población Desplazada, RUPD, estableció que en Colombia 774.494 hogares han sido expulsados de 1.115 municipios y corregimientos departamentales, esto significa que el 7,3% de la población colombiana vive o ha vivido en condición de desplazamiento forzado. Según este mismo registro, para el año 2014 el 87% de las víctimas del conflicto eran desplazados. ACNUR, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, registró para 2012 a 394.117 colombianos residiendo en el exterior.
Entre 1998 y 2002 el desplazamiento masivo de personas se concentró en el departamento de Antioquia con 98.569 personas desplazadas, seguido por Chocó con 41.586, Magdalena con 41.552, en Bolívar 35.687 y Córdoba con 17.852. El desplazamiento masivo tuvo sus años más críticos en el 2000, 2001 y 2002, coincidiendo con el incremento en las confrontaciones entre las guerrillas, el Estado y los paramilitares. Para el periodo 2003-2009 el desplazamiento se concentró en el departamento de Nariño con 38.958 personas víctimas de este flagelo, seguido de Antioquia con 28.604 personas, Chocó con 25.112, Valle del Cauca con 21.212 y Caldas con 13.621.
El Estado colombiano afirmó que para 2009 este tipo de situaciones se habían reducido en un 90%. A pesar de esto, entre 2010 y 2013 se presentaron al menos 451 eventos que obligaron a 134.750 personas a desplazarse masivamente.
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Muchas veces el desplazado ha sido percibido como fuente de criminalidad, de desempleo o de economía informal. El desplazado ha vivido entonces una doble condición de víctima, enfrentando el despojo y la marginalización social, lo que ha generado un enorme desarraigo debido al no retorno a sus lugares de origen. Según el censo poblacional de 2005, la población desplazada alcanzaba los 10 millones de personas, lo que en un país de 40 millones de personas era el 40% de la población, entre desplazados, migrantes internos y colombianos que decidieron irse a vivir al exterior.
La población migrante y desplazada en las grandes ciudades del país representa el resquebrajamiento de la memoria, la precariedad social y la ilegalidad política. Para 2007, el DANE reportó que en las 13 principales ciudades había una ocupación laboral del 56,6%. Sin embargo, estas cifras no reconocen los campos de trabajo en los que el migrante campesino y el desplazado se ocupan, y que siguen siendo trabajos marginales e informales. Actualmente el 98% de la población desplazada vive por debajo del umbral de pobreza, y de estas el 82,6% en pobreza extrema.
El desplazamiento forzado sigue siendo un problema actual en Colombia. El país está en deuda de reconocer y dar solución a uno de los capítulos más oscuros de nuestra historia de violencia.