El Acuerdo de Escazú es una herramienta vital para regular los derechos que debemos tener para acceder a la información, participar de los asuntos públicos y para que la justicia sea efectiva alrededor del uso sostenible de nuestros recursos naturales. Pero aunque solo faltaba una ratificación del Congreso para que entrara en vigencia, su ratificación está en cuidados intensivos.
Tras más de 10 meses de audiencias públicas en el Congreso de la República, el Acuerdo de Escazú tenía su última oportunidad de ser discutido y aprobado en debate el 17 de junio de 2021. Pero, a falta de tiempo suficiente para garantizar su discusión, se aplazó. Con este tiempo extra, te contamos por qué es importante que el país lo ratifique.
"El Acuerdo de Escazú fortalece protección ambiental y a líderes ambientales, que es trascendental por nuestra riqueza ambiental en peligro y por gravísima violencia contra líderes sociales", escribió en Twitter el jurista y profesor de la Universidad Nacional, Rodrigo Uprimny.
"El Acuerdo es un tratado regional que busca aterrizar y darle dientes al Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, que es uno de los documentos fundacionales del derecho ambiental. Según este principio, la mejor forma de robustecer la protección ambiental es “con la participación de todos los ciudadanos interesados”, por lo cual debe garantizarse un acceso adecuado a la información ambiental y deben crearse recursos judiciales efectivos en materia ambiental", profundiza Uprimny en esta columna suya del 2019.
El acuerdo entró en vigencia el pasado 22 de abril en América Latina y el Caribe después de haber sido ratificado por 12 Estados entre los que están México, Argentina, Ecuador, Bolivia y Panamá.
Ahora es necesario que Colombia asuma el compromiso que manifestó con la firma del Acuerdo el 11 de diciembre de 2019, si tenemos en cuenta que es el país más riesgoso para ejercer la defensa del ambiente y el territorio —según el más reciente informe de la ONG británica Global Witness, con 64 defensores y defensoras asesinados en 2019—.
El Acuerdo de Escazú no atenta contra la soberanía nacional, como han argumentado sus contraductores, pues no contiene disposiciones sobre los espacios terrestre, marítimo o aéreo del territorio nacional. De hecho, su implementación se guía por dos principios clave que garantizan la soberanía de los Estados. El primero es el artículo 3 menciona los principios de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales, e igualdad soberana de los Estados. El segundo el artículo 4 determina que las obligaciones contenidas en él deberán ser incorporadas por los Estados de acuerdo a su propia legislación, sin que éstas limiten o deroguen otros derechos y garantías más favorables previstas por las legislaciones de, en este caso, Colombia
Así, para Colombia el Acuerdo de Escazú es un instrumento que, en palabras de Uprimy, da "más transparencia ambiental, más democracia ambiental, más justicia ambiental y más protección a líderes sociales ambientalistas".
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