El megaproceso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sigue su curso en los altos tribunales, manteniendo bajo la lupa a importantes figuras de la política nacional. En las últimas horas, la senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta Epieyú, se presentó ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para cumplir con su citación a indagatoria.
Ante las diversas especulaciones y noticias falsas que circularon en redes sociales sobre una supuesta orden de captura o detención preventiva, la propia congresista salió a desmentir de forma categórica estos rumores. A través de un video publicado desde su apartamento en la mañana de este viernes, Peralta demostró que se encuentra en total libertad y confirmó que su comparecencia se realiza bajo los canales normales del debido proceso, programando su regreso a las salas de audiencia a las 9:00 a. m. para continuar rindiendo su declaración jurídica de manera voluntaria.
La legisladora, investigada formalmente por presunto tráfico de influencias y gestiones irregulares orientadas a direccionar contratos de la UNGRD en el departamento de La Guajira, ha defendido su total inocencia. Ha asegurado ante los medios que su actuar siempre ha sido transparente y que este proceso responde a una fuerte persecución política debido a su activo rol de liderazgo en el trámite de las reformas sociales del Gobierno dentro del Congreso.
Los «pesos pesados» vinculados al desfalco de la UNGRD
El caso de la senadora Peralta se enmarca dentro de una gigantesca matriz de colaboración judicial que ha sacudido las bases de ministerios, entidades públicas y el legislativo. El esquema, consistente en el desvío de millonarios fondos de atención de emergencias para el pago de prebendas y sobornos, cuenta con una extensa lista de implicados en distintas instancias jurídicas:
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Las cabezas del entramado: Olmedo López (exdirector de la UNGRD) y Sneyder Pinilla (exsubdirector), quienes actúan como los principales ventiladores de la Fiscalía tras firmar preacuerdos de aceptación de cargos.
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Altos exfuncionarios del Gobierno: Carlos Ramón González (exdirector del DAPRE, actualmente prófugo de la justicia), Ricardo Bonilla (exministro de Hacienda, quien debió renunciar para afrontar las investigaciones) y Luis Fernando Velasco (exministro del Interior), señalados como presuntos determinadores del direccionamiento de recursos.
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Intermediarios y procesados: Sandra Ortiz (exconsejera para las Regiones), enviada a prisión preventiva por transportar presuntamente coimas en efectivo; e Iván Name junto a Andrés Calle (expresidentes del Senado y la Cámara, respectivamente), actualmente recluidos y enfrentando juicios por recibir más de $4.000 millones para viabilizar proyectos legislativos.
El avance de las condenas y el cerco judicial
A medida que avanzan las diligencias de indagatoria y los testimonios de los involucrados primarios, las autoridades competentes ya registran los primeros condenados en el marco del escándalo, incluyendo contratistas clave e intermediarios jurídicos que intentaron frenar las declaraciones ante los fiscales mediante sobornos millonarios.
La comparecencia regular y en libertad de la senadora Martha Peralta ante la Corte Suprema demuestra que, si bien la justicia busca evitar dilaciones en un proceso de alto impacto político, las etapas de investigación previa avanzan respetando las garantías de los aforados. Con las plenarias y comisiones interparlamentarias bajo el permanente escrutinio de la Fiscalía General, el caso UNGRD se ratifica como el mayor remezón por corrupción en la historia política reciente del país.