El terremoto político e institucional que sacude a Colombia sumó un nuevo y drástico capítulo en las últimas horas. Luego de que la representante Gloria Elena Arizabaleta emitiera de forma unilateral una polémica medida cautelar para suspender provisionalmente de su cargo al presidente Gustavo Petro hasta el 21 de junio, el Poder Legislativo reaccionó de manera inmediata de la mano de la plenaria de la Cámara de Representantes, ordenando la suspensión de la congresista de sus funciones como presidenta y miembro de la Comisión de Investigación y Acusación.
La determinación se tomó tras una sesión extraordinaria de urgencia convocada por la mesa directiva de la corporación, donde se radicó y aprobó una proposición que aparta temporalmente a Arizabaleta de sus funciones mientras se evalúan las implicaciones disciplinarias y penales de su actuación jurídica.
Los argumentos: Extralimitación de funciones y violación al debido proceso
La decisión de suspender a Arizabaleta contó con el respaldo de sectores tanto de la oposición como de las bancadas de gobierno (incluido el propio Pacto Histórico, partido al que pertenece la congresista), quienes coincidieron en que la funcionaria incurrió en una grave extralimitación de funciones.
Constitucionalistas y congresistas argumentaron tres puntos clave para sacarla temporalmente del cargo:
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Falta de competencia legal: De acuerdo con la Ley 5 de 1992 (Reglamento del Congreso) y la Constitución Política de Colombia, la Comisión de Acusaciones formula un proyecto de acusación, pero no tiene la facultad legal ni constitucional para decretar la suspensión de un presidente de la República por cuenta propia mediante una resolución interna. Esa competencia recae exclusivamente en la plenaria del Senado tras una votación formal.
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Violación al debido proceso: La medida cautelar contra el jefe de Estado fue firmada y notificada de forma directa por Arizabaleta, pasando por encima del comité de representantes investigadores asignados formalmente al caso (los llamados «triunviros»), vulnerando la cadena de mando judicial de la célula legislativa.
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Peligro de prevaricato: Al emitir un acto administrativo y judicial que no le correspondía bajo el pretexto de investigar una presunta participación en política, la representante pudo haber incurrido en conductas delictivas tipificadas por la ley.
El caso pasa a la Corte Suprema de Justicia
Con Gloria Arizabaleta formalmente suspendida de la Comisión, el Congreso nombró un presidente encargado de manera provisional para asumir el control de la célula legislativa, anular la polémica resolución de suspensión contra el presidente Gustavo Petro y restaurar el orden constitucional en el Capitolio Nacional.
Por su parte, varios legisladores confirmaron que radicarán una queja formal ante la Procuraduría General de la Nación y denunciarán penalmente a Arizabaleta ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, debido a su condición de aforada. El panorama político permanece bajo máxima tensión mientras el presidente de la República continúa con su agenda en Nueva York a la espera del desenlace de esta crisis institucional sin precedentes.