El mercado laboral en Colombia experimenta un marcado cambio de tendencia que despierta alertas entre gremios económicos y expertos en educación. De acuerdo con las cifras oficiales del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) conocidas esta semana, 8.048 empresas optaron por pagar la cuota de monetización (compensación económica por incumplimiento de cuota) durante el año 2025, en lugar de contratar de forma directa a estudiantes en formación.
Este indicador representa un incremento del 39% en comparación con las 5.796 compañías que recurrieron a la alternativa de pago en 2024. La tendencia alcista se mantiene con fuerza en lo que va de 2026, ya que con corte al 30 de abril, la entidad ya registraba 5.243 organizaciones que decidieron cancelar la penalización en vez de vincular personal joven.
El impacto en las finanzas del SENA y la caída de contratos
La masiva inclinación del sector empresarial por asumir el costo monetario antes que la carga administrativa de los estudiantes ha tenido un impacto directo y asimétrico en el panorama nacional:
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Disparada en el recaudo institucional: Mientras que en 2024 el SENA recaudó $263.430 millones de pesos por concepto de monetización, la cifra en 2025 escaló de forma contundente a $440.737 millones de pesos, marcando un crecimiento financiero para la entidad del 67%. En los primeros cuatro meses de 2026, el recaudo parcial ya tocaba los $296.031 millones.
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Disminución de plazas para estudiantes: En la otra cara de la moneda, el número total de jóvenes colombianos cobijados bajo contratos de aprendizaje formales evidenció un retroceso, pasando de 392.411 vinculados en 2024 a 379.436 en el año actual.
¿Por qué las empresas prefieren pagar la multa?
Analistas del sector apuntan a que las modificaciones estructurales introducidas por la reforma laboral aprobada en 2025 terminaron desincentivando el modelo original, volviendo el pago de la sanción un costo «limpio, previsible y preferible» frente a los nuevos costos logísticos:
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Sindicalización y carácter plenamente laboral: La reforma laboral le otorgó al contrato de aprendizaje la condición de contrato laboral pleno. Anteriormente, los estudiantes percibían apoyos económicos básicos de sostenimiento (50% del mínimo en etapa lectiva y 75% en etapa práctica). Con la nueva ley, el pago subió al 75% en fase de estudio y al 100% en la fase productiva, obligando además a las empresas a asumir la totalidad de las prestaciones sociales y los aportes a pensión, salud y riesgos laborales.
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Aumento sustancial de las sanciones: El marco legal colombiano obliga a las compañías con más de 15 empleados a sostener una cuota mínima de un aprendiz por cada 20 trabajadores. La reforma elevó drásticamente la multa por cupo no cubierto, pasando de 1 salario mínimo mensual a 1,5 salarios mínimos. Para este año 2026, la sanción económica mensual por cada vacante no asignada ronda los 2,6 millones de pesos.
A pesar de que el valor de la multa creció, para miles de organizaciones —particularmente las pequeñas y medianas empresas (Mipymes)— resulta financieramente menos complejo abonar el dinero al SENA que absorber la nueva carga prestacional completa y el proceso de inducción de un trabajador en formación, lo que amenaza con minar el objetivo central de facilitar el primer empleo en la juventud del país.