El reporte oficial de las autoridades en El Espinal
La indignación nacional por la trágica muerte de la bebé Mía Cataleya, de tan solo 6 meses de nacida, continúa escalando a medida que las autoridades político-administrativas del departamento del Tolima y la fuerza pública revelan los escandalosos y dolorosos detalles que rodearon su ingreso al sistema hospitalario. El caso ha tomado un rumbo complejo en el apartado judicial, combinando reportes de consumo de sustancias, la persecución a sospechosos y la intervención oportuna de la policía para evitar linchamientos.
Según confirmaron en una declaración conjunta la Gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, y el Alcalde de El Espinal, Wilson Gutiérrez, el drama médico y judicial comenzó formalmente el pasado miércoles 27 de mayo de 2026. En esa fecha, la pequeña Mía Kataleya fue trasladada de urgencia por su propia madre biológica a las instalaciones del Hospital San Rafael del Espinal. Los mandatarios locales fueron enfáticos y categóricos al señalar un agravante alarmante: los exámenes y reportes oficiales indicaron que la progenitora ingresó al centro asistencial bajo los efectos de sustancias estupefacientes.
Un estado lamentable y la versión de la fiebre
El ingreso de la menor de edad encendió de inmediato las alarmas de los profesionales de la salud. De acuerdo con los testimonios médicos recolectados en el centro médico, la madre biológica llevó a la bebé asegurando inicialmente que el motivo de la consulta era un cuadro severo de fiebre. Sin embargo, la inspección física de los pediatras de turno desvirtuó por completo esa versión y reveló una realidad dantesca.
La bebé llegó en un estado completamente lamentable. El dictamen clínico preliminar arrojó que Mía Cataleya presentaba múltiples fracturas óseas y signos evidentes y directos de abuso sexual. Ante este panorama de extrema gravedad, el equipo de urgencias del Hospital San Rafael activó de manera inmediata la ruta de atención integral para menores de edad víctimas de violencia, notificando de urgencia a la Policía de Infancia y Adolescencia y al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, antes de que se desencadenara el fallecimiento de la pequeña debido a la gravedad de los traumas.
Confusión de sospechosos, recompensa y asonada
El entramado criminal respecto a los responsables materiales del hecho es el eje central de las investigaciones en este momento, existiendo discrepancias entre las primeras versiones familiares y los requerimientos judiciales:
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La pista del padrastro: En las primeras indagaciones, la madre biológica declaró ante los investigadores que convivía en su residencia con un hombre conocido bajo el alias de “El Flaco”, quien operaba como el padrastro de la menor y sobre quien recaen serias sospechas de ser el presunto abusador material.
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La captura del padre biológico: De manera paralela, la Gobernadora del Tolima confirmó públicamente que recibió una llamada directa del Coronel de la Policía Departamental, informando sobre la ejecución de una orden de captura vigente contra el padre biológico de la bebé. Sin embargo, las altas esferas policiales han aclarado de manera rigurosa que hasta que los peritos forenses no confirmen científicamente quiénes estuvieron presentes en la escena del crimen el 27 de mayo, no se puede emitir un dictamen de culpabilidad definitivo.
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Asonada y protección institucional: Tras conocerse la orden judicial, un grupo de ciudadanos indignados localizó al padre biológico y procedió a agredirlo físicamente en plena vía pública. Las patrullas de la Policía Nacional tuvieron que asistir de urgencia al lugar de los hechos para intervenir, controlar la alteración del orden público y proteger la integridad física del capturado, evitando que la situación llegara a una instancia mayor o a un linchamiento mientras la Fiscalía General de la Nación actúa y consolida el acervo probatorio.
Con el fin de acelerar el esclarecimiento de este aberrante crimen que enluta al centro del país, la Gobernación del Tolima y la Alcaldía de El Espinal anunciaron una recompensa de hasta 10 millones de pesos para cualquier ciudadano que suministre información verídica y oportuna que permita avanzar con las líneas de investigación y poner tras las rejas a todos los autores materiales e intelectuales del homicidio y la agresión de la menor.