La justicia dio un vuelco definitivo en uno de los casos más emblemáticos de violencia institucional en Colombia. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió un fallo histórico en el que condenó formalmente a la Nación, al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional por la muerte del joven Dilan Cruz, ocurrida en noviembre de 2019 durante las protestas del Paro Nacional en el centro de Bogotá.
La corporación judicial fue tajante al catalogar el suceso como una «grave violación a los derechos humanos».
Las claves de la sentencia judicial
El dictamen del magistrado echa por tierra varios de los argumentos de defensa institucional expuestos a lo largo de los últimos años y endurece las medidas de reparación:
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Uso desproporcionado de la fuerza: El Tribunal advirtió que las pruebas recopiladas demostraron que «no se evidenciaba un escenario de violencia que justificara el empleo de una fuerza capaz de causar la muerte de una persona» en el punto de los hechos.
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Devolver gases no justifica letalidad: La providencia aclaró expresamente que el hecho de que el joven estudiante de 18 años hubiera devuelto algunos cartuchos de gases lacrimógenos lanzados previamente por el Esmad, no legitimaba bajo ninguna circunstancia el uso de un arma potencialmente letal en su contra.
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El arma del incidente: Se recordó que el fallecimiento se produjo tras el impacto en la cabeza de una munición de impacto dirigida conocida como bean bag (una bolsa textil con perdigones de plomo en su interior) disparada por un agente estatal del cuerpo antidisturbios.
Un precedente para la protesta social
La decisión de la justicia colombiana no solo busca reparar de manera integral a la familia de Cruz Medina, sino sentar un precedente sobre las actuaciones de la fuerza pública en las manifestaciones ciudadanas.
Para sustentar la gravedad del contexto, el Tribunal citó informes de la Campaña Defender la Libertad, detallando que entre noviembre de 2019 y julio de 2021 se documentaron por lo menos 133 muertes ligadas a contextos de protesta social en el territorio nacional, reforzando la necesidad de aplicar transformaciones profundas en los protocolos de contención civil.