El 6 y 7 de noviembre de 1985, el centro de Bogotá se convirtió en escenario de uno de los episodios más trágicos y decisivos en la historia reciente del país. Hace 40 años, el Movimiento 19 de Abril (M-19) protagonizó la Toma del Palacio de Justicia, una acción armada que derivó en una respuesta militar de gran escala y en una de las mayores tragedias humanas y políticas de Colombia.
Durante dos días, el fuego, el humo y la confusión se apoderaron del corazón del poder judicial colombiano. El resultado: más de 100 personas muertas, entre ellas magistrados, funcionarios, visitantes y guerrilleros, además de 11 desaparecidos, cuyas familias aún reclaman verdad y justicia.
El origen del conflicto
El M-19 era una organización guerrillera urbana que surgió en 1970 tras las denuncias de fraude en las elecciones presidenciales de ese año. Con una mezcla de ideología nacionalista y de izquierda, buscaba denunciar la corrupción y la falta de democracia en el país.
A mediados de los años ochenta, el grupo estaba debilitado por los golpes militares y por el fracaso de varios intentos de diálogo con el Gobierno. En ese contexto, decidió realizar una acción que buscaba un impacto político y simbólico: tomar el Palacio de Justicia, ubicado en la Plaza de Bolívar, en pleno centro de Bogotá.
El objetivo declarado del M-19 era realizar un juicio político al entonces presidente Belisario Betancur, a quien acusaban de romper los acuerdos de paz firmados años atrás. Sin embargo, la operación se salió rápidamente de control.
Dos días de fuego y terror
La mañana del 6 de noviembre de 1985, un grupo de 35 guerrilleros del M-19, al mando de Luis Otero Cifuentes y Andrés Almarales, ingresó armado al Palacio de Justicia. En su interior se encontraban cerca de 400 personas, entre magistrados, empleados, abogados, visitantes y miembros del público.
Pocos minutos después de iniciada la toma, el Ejército y la Policía rodearon el edificio y comenzó una intensa confrontación que se extendió durante casi 28 horas.
Las llamas consumieron gran parte del Palacio luego de que el fuego alcanzara el archivo judicial, donde se guardaban importantes expedientes, entre ellos los relacionados con el narcotráfico. La situación se tornó caótica: disparos, gritos, humo y la incertidumbre de cientos de familias que seguían los acontecimientos por televisión y radio.
En medio del operativo militar para recuperar el control, 11 personas desaparecieron, entre ellas la empleada de la cafetería, varios visitantes y trabajadores judiciales. Décadas después, algunos de ellos fueron identificados mediante pruebas de ADN, pero aún persisten interrogantes sobre las circunstancias exactas de su muerte.
El costo humano y político
Entre las víctimas se encontraban 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, incluido su presidente, Alfonso Reyes Echandía, quien pidió en repetidas ocasiones un alto al fuego para evitar una tragedia mayor. Su voz, registrada en grabaciones radiales, se convirtió en símbolo del drama vivido en el Palacio.
La operación dejó un saldo devastador: más de 100 muertos, decenas de heridos, y un edificio destruido casi por completo. La justicia colombiana perdió buena parte de sus archivos, pero el país perdió algo más profundo: la confianza en el Estado y en sus instituciones.
Las heridas que aún duelen
Cuatro décadas después, la Toma del Palacio de Justicia sigue siendo un episodio lleno de sombras y debates. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por desapariciones forzadas y excesos en la respuesta militar, señalando fallas en la protección de los derechos humanos durante la retoma.
El Estado, por su parte, ha reconocido su responsabilidad parcial en los hechos y ha pedido perdón a las víctimas, mientras la memoria de aquel 6 y 7 de noviembre continúa siendo objeto de reflexión, investigación y controversia.
Una lección de memoria y justicia
A 40 años, el Palacio de Justicia, reconstruido y en pie frente a la Plaza de Bolívar, se levanta como símbolo de resistencia y de la necesidad de mantener viva la memoria.
La tragedia no solo recordó la fragilidad de las instituciones, sino también la importancia del diálogo sobre la guerra, la paz y los límites del poder.
Recordar la Toma del Palacio de Justicia es, más que un ejercicio histórico, un acto de dignidad colectiva: un llamado a no olvidar a las víctimas, a cuestionar las causas del conflicto y a reafirmar el compromiso de Colombia con la verdad y la justicia.