El Gobierno Nacional, a través del recién creado Ministerio de la Igualdad, entregará un millón de pesos mensuales a cerca de cien mil jóvenes que se encuentren en zonas históricamente afectadas por el conflicto armado en Colombia.
A través del Decreto 1649 del 2023, el Gobierno estableció que otorgará la ayuda económica por medio del programa nacional “Jóvenes en Paz”.
El objeto, según el decreto, “es la implementación de una ruta de atención integral a la juventud entre los 14 y 28 años de edad que se encuentren en situación de extrema pobreza, jóvenes rurales, explotación sexual, vinculados a dinámicas de criminalidad y en condiciones de vulnerabilidad en territorios afectados por la violencia y el conflicto armado que ha sido históricamente marginados y excluidos”.
Para acceder al programa, los jóvenes interesados, además de tener entre 14 y 28 años de edad y ser parte de los territorios afectados por la violencia y el conflicto armado en Colombia, deberán cumplir con alguna de las siguientes condiciones:
1. Estar en pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad en términos monetarios.
2. Tener residencia habitual en zonas rurales.
3. Ser, haber sido o tener riesgo de ser víctima de explotación sexual.
4. Estar o tener riesgo de estar vinculado o vinculada a dinámicas de criminalidad, violencia o reclutamiento forzado.
5. Estar en vulnerabilidad por tener residencia habitual en territorio afectados por la violencia o el conflicto armado.
El programa, además, condiciona la transferencia monetaria de esos recursos. Lo anterior, significa que no podrán aplicar a la iniciativa aquellos jóvenes que ya reciban otras ayudas económicas por parte del Gobierno nacional como “Jóvenes en Acción”, o que tengan órdenes de captura o de aprehensión en su contra, o medidas privativas de la libertad.
Según la normativa, el objetivo será promover “que se comprendan las consecuencias legales de la situación, se asuma la responsabilidad por el daño causado, se repare de forma directa o simbólica a las personas que se hayan visto afectadas y se genere el fortalecimiento de un tejido social afectado por la comisión de un delito u ofensa”.
Para la orientación sociojurídica, el documento precisó que el Ministerio de Justicia en coordinación con el Sistema Nacional de Defensoría Pública y el Ministerio de Igualdad podrán “vincular entidades públicas de acuerdo con sus competencias, así como organizaciones de la sociedad civil, sector privado, cooperación internacional, entre otros actores relevantes”.