Cada 23 de septiembre el mundo conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, una fecha instaurada en 1999 por la Conferencia Mundial de la Coalición contra la Trata de Personas, con el apoyo de la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh. Desde entonces, esta jornada se ha convertido en un espacio de reflexión, denuncia y acción frente a una de las violaciones más graves y extendidas de los derechos humanos.
La trata de personas y la explotación sexual constituyen un delito transnacional que mueve miles de millones de dólares al año, afectando principalmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el 72% de las víctimas detectadas en el mundo son mujeres y niñas, y la finalidad más común de la trata es la explotación sexual. Detrás de cada cifra hay una historia marcada por la vulnerabilidad, el engaño y la violencia.
En Colombia, este delito también representa una problemática preocupante. El país, por su ubicación geográfica, su condición de origen, tránsito y destino, es altamente vulnerable a estas redes criminales. La Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación han señalado que en departamentos fronterizos y en ciudades principales se concentran los mayores casos de explotación sexual y trata. Factores como la pobreza, la desigualdad, el desplazamiento forzado, el reclutamiento ilícito y la migración irregular aumentan el riesgo para miles de personas.
La explotación sexual no solo es un atentado contra la dignidad humana, sino que constituye una forma de esclavitud moderna. Las víctimas, muchas veces engañadas con promesas de trabajo o estudio, terminan sometidas a condiciones inhumanas, privadas de libertad y forzadas a prácticas que vulneran profundamente sus derechos. El miedo, las amenazas, la falta de apoyo social y la estigmatización dificultan las denuncias y la recuperación de quienes logran escapar.
Frente a esta situación, diferentes organizaciones sociales, instituciones gubernamentales y organismos internacionales han desarrollado campañas de prevención y atención. En Colombia, el Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas coordina acciones en el territorio nacional, mientras que entidades como el Ministerio del Interior, el ICBF y Migración Colombia trabajan en estrategias de prevención, protección y judicialización de los responsables. A nivel social, múltiples colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos han levantado la voz para visibilizar estas problemáticas y brindar acompañamiento a las víctimas.
El Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas también invita a la ciudadanía a asumir un rol activo. Reconocer las señales de alerta, informarse sobre las rutas de denuncia y apoyar a las víctimas son acciones fundamentales para reducir el impacto de este delito. La línea nacional 122 de la Fiscalía y el número 155 de orientación a mujeres víctimas de violencia son canales habilitados en Colombia para reportar casos.
Además, este día es una oportunidad para cuestionar las dinámicas culturales y económicas que sostienen la explotación sexual. La demanda por servicios sexuales en condiciones de explotación alimenta las redes criminales y perpetúa un ciclo de violencia. Combatir este fenómeno requiere un enfoque integral que incluya la reducción de la desigualdad, la educación en derechos humanos, la promoción de la equidad de género y la generación de oportunidades dignas para mujeres y jóvenes en situación de vulnerabilidad.
En un país como Colombia, donde la lucha por la justicia social y los derechos humanos sigue siendo urgente, el 23 de septiembre no puede pasar desapercibido. Es un recordatorio de que la dignidad humana no se negocia y de que ninguna persona debe ser tratada como mercancía. Decir no a la trata y a la explotación sexual es decir sí a la vida, la libertad y la igualdad.