Colombia dio un paso decisivo en su estrategia de transición energética y reindustrialización al expedir el Decreto 1294 de 2025, una medida que establece un arancel del 10 % a ciertas importaciones de buses eléctricos. Lejos de ser una barrera para la movilidad limpia, la decisión busca proteger y expandir una capacidad productiva nacional que hoy posiciona al país como referente en América del Sur.
Un país que ya produce tecnología limpia
A diferencia de la mayoría de naciones de la región, Colombia cuenta con una industria capaz de diseñar, producir y ensamblar buses eléctricos con ingeniería nacional y creciente integración de autopartes locales. En la actualidad, las plantas instaladas pueden fabricar hasta 1.500 unidades al año, lo que permite atender la demanda interna y proyectar exportaciones a mercados que avanzan hacia tecnologías bajas en carbono.
El decreto parte de un principio clave de la política industrial moderna: cuando existe capacidad productiva comprobada, la intervención estatal debe orientarse a consolidarla, atraer inversión y ampliar su escala. La medida reconoce que el país no solo puede abastecer su propio mercado, sino competir regionalmente con una oferta sólida y estratégicamente ubicada.
Una transición energética con industria propia
El Gobierno del Cambio ha sostenido que la descarbonización no debe depender exclusivamente de las importaciones, sino impulsar nuevas capacidades tecnológicas y fabriles dentro del país. Bajo esa lógica, el arancel del 10 % busca reforzar los proyectos industriales existentes, consolidar encadenamientos productivos y generar condiciones para ampliar la manufactura nacional de vehículos eléctricos.
Las plantas instaladas en Colombia integran procesos de ensamblaje, producción de carrocerías, sistemas eléctricos, software y componentes desarrollados localmente. Este ecosistema ha convertido la movilidad sostenible en un motor de industrialización, combinando conocimiento, inversión y desarrollo tecnológico.
Un activo estratégico para la región
Colombia es hoy el único país de América del Sur que produce buses eléctricos. Esta posición privilegiada permite proyectar al país como proveedor regional en un sector que crece aceleradamente y que será determinante para las ciudades del futuro.
El Decreto 1294 reconoce que la capacidad productiva puede ampliarse con nuevas inversiones, estabilidad regulatoria y mayor demanda local. La industria colombiana no solo está preparada para abastecer el mercado nacional, sino para responder a la creciente necesidad de flotas limpias en otros países de la región.
Una decisión estratégica para el país
Para la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, la medida no es defensiva, sino una apuesta por consolidar un sector de alto valor agregado. “La transición energética adquiere sentido económico cuando se convierte en capacidad productiva. Colombia ya demostró que puede abastecer su propia demanda y proyectarse hacia la región. Proteger y expandir esa capacidad es asegurar que el cambio tecnológico se traduzca en industria, empleo calificado y competitividad real”, afirmó.
El Gobierno del Cambio del presidente Gustavo Petro ratifica así su compromiso con una transición energética que, además de ambiental, sea industrial y económica. El fortalecimiento de la producción nacional de buses eléctricos consolida al país como referente regional en movilidad sostenible y como un actor clave en la revolución tecnológica que marcará el transporte urbano en los próximos años.