Cada 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer obliga a gobiernos, instituciones y ciudadanía a detenerse ante una realidad que continúa siendo alarmante. La fecha, instaurada por la ONU, se ha convertido en uno de los mayores llamados globales para reconocer que la violencia basada en género no es un hecho aislado, sino un fenómeno estructural que afecta a millones de mujeres todos los días.
Una violencia que se mantiene a pesar de los avances
Aunque en las últimas décadas ha crecido la conciencia social sobre los derechos de las mujeres, las cifras muestran que la violencia sigue profundamente arraigada. Naciones Unidas señala que al menos 81.000 mujeres y niñas son asesinadas cada año en el mundo, la mayoría a manos de sus parejas o familiares. En América Latina, los feminicidios continúan en niveles críticos, y Colombia no es la excepción.
Organizaciones sociales han advertido que el subregistro sigue siendo alto, y que muchas mujeres no denuncian por miedo, desconfianza institucional o falta de rutas efectivas de protección.
Nuevas manifestaciones de violencia, viejos patrones de desigualdad
La digitalización, aunque ha abierto espacios de participación y expresión, también ha generado un aumento en las violencias en línea: amenazas, hostigamiento, extorsión sexual, difusión de imágenes íntimas y ataques masivos en redes sociales. Estos escenarios afectan especialmente a mujeres jóvenes, lideresas sociales, periodistas y activistas.
La violencia económica —control del dinero, endeudamiento forzado, dependencia obligada— también se ha consolidado como una de las prácticas más invisibilizadas, pero con mayor impacto en la autonomía femenina.
Colombia: avances normativos que aún no se traducen en garantías reales
El país cuenta con un marco legal robusto: la Ley 1257 de 2008, la Ley Rosa Elvira Cely y la tipificación del feminicidio como delito autónomo. Sin embargo, expertos coinciden en que el principal desafío es la implementación.
Las denuncias se estancan, los tiempos judiciales son largos, el acceso a la justicia es desigual en las regiones y muchas mujeres quedan solas en el proceso. A esto se suman factores de riesgo como el impacto del conflicto armado, la pobreza y la falta de infraestructura institucional en zonas rurales.
El 25N como un recordatorio de que aún hay tareas urgentes
Para este año, organismos internacionales y organizaciones de mujeres han centrado su mensaje en la corresponsabilidad social: la violencia contra la mujer no es un asunto privado, es un problema público que exige prevención, educación, recursos estatales y acciones sostenidas, no solo campañas simbólicas.
La construcción de entornos seguros —en el hogar, en el trabajo, en espacios públicos y en plataformas digitales— continúa siendo una deuda con las mujeres y niñas del país.
Conclusión: La igualdad no será posible mientras la violencia siga siendo cotidiana
El 25 de noviembre no es solo una fecha conmemorativa: es un acto de memoria, resistencia y exigencia. Recordar a quienes han sido víctimas, escuchar a quienes hoy piden protección y trabajar para prevenir las violencias es la ruta mínima para avanzar hacia una sociedad más justa.
Eliminar la violencia contra las mujeres no es un objetivo opcional: es una obligación ética, política y humana.