No es un fallo definitivo sobre la legalidad del decreto. Es una decisión temporal que congela sus efectos mientras avanza el estudio del caso. En términos prácticos, el aumento definido en ese decreto queda suspendido mientras la medida cautelar esté vigente.

1.Gobierno contrarreloj: el Ejecutivo debe publicar un decreto transitorio en máximo ocho días, sustentando de manera clara cómo llegó a la cifra final y aplicando los criterios exigidos.

2.Regla provisional mientras sale el nuevo decreto: durante el lapso entre la notificación de la medida y la expedición del decreto transitorio, el salario mínimo 2026 se mantiene en el valor previo (referenciado como $1.746.882).

3.Impacto en cadena: el salario mínimo tiene efectos en múltiples ámbitos (por ejemplo, contratos, aportes, tarifas y sanciones). Por eso, esta suspensión genera ajustes inmediatos en cálculos y proyecciones mientras se define el nuevo marco transitorio.

El decreto suspendido había establecido un incremento del 23,7%, con un salario de $1.750.950, más auxilio legal de transporte de $249.095, para completar $2.000.000.

La decisión señala que el nuevo decreto debe estar soportado con criterios como meta de inflación (BanRep), productividad (DANE), inflación del año anterior, crecimiento del PIB, contribución de los salarios al ingreso nacional y protección especial del trabajo, entre otros, con una explicación clara de la metodología y datos oficiales utilizados para definir el ajuste.

La suspensión provisional abre un escenario de transición: no define el salario mínimo de forma definitiva, pero sí obliga a un ajuste inmediato del sustento técnico y jurídico con el que se determine el incremento. En los próximos días, la atención estará puesta en la expedición del decreto transitorio y en el avance del proceso que definirá de fondo el futuro del decreto original.